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Coches de vigilancia, sofisticados radares, más policías, reducción de los trámites de notificación de sanciones... Gobierno central y ayuntamientos han sacado toda su artillería para incrementar sus ingresos por multas, en un momento en el que la incipiente crisis económica tambalea la base de sus presupuestos.
Y hace peligrar su obligación de cerrar el ejercicio en superávit para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Los ejemplos no son aislados. Más bien al contrario: abarcan desde la capital más próspera de España hasta algunos municipios menos desarrollados. Así, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid la recaudación subirá un 50%, con 1.500 sanciones más al día. El porcentaje de incremento es aún mayor en territorios como Zaragoza (118%), Extremadura (140%), Marbella (98%) o Zamora (51%) o en municipios menos poblados como Elda (122%) o Cartagena (48%), según sus propias previsiones oficiales.
Al tiempo, en pequeños ayuntamientos, el menor incremento de las sanciones de circulación se compensa con mayores alzas de penalizaciones de otro estilo: en Lebrija, por ejemplo, las multas de circulación suben sólo un 12%, pero las multas urbanísticas escalan un 38%. No es algo exclusivo de municipios modestos: ayuntamientos más grandes, como Valencia, también diversifican su repertorio de multas: la liquidación y recaudación de las sanciones de tráfico crece un 159% y las administrativas y tributarias, un 143% y un 32%, respectivamente.
Otros aumentos menores, como el de Gran Canaria, donde las sanciones suben un 10%, no impide que las multas sean ya la cuarta fuente de ingresos autonómicos. Y todo ello en un contexto en el que, en conjunto, la Dirección General de Tráfico prevé unos ingresos por multas de 360,64 millones, lo que supone un incremento del 12%, y una cifra que ayudará a que, por primera vez, el presupuesto de la DGT supere los 1.000 millones de euros.
La ampliación de los objetivos de recaudación por multas de tráfico o circulación coincide en un contexto en el que los ingresos extra por este concepto pueden convertirse en un pequeño balón de oxígeno para las arcas de la Administración. El frenazo del sector inmobiliario y la ralentización del consumo han desencadenado en un claro impacto en el ritmo de algunos de los principales impuestos nacionales y autonómicos. En enero, los ingresos tributarios del Estado crecieron en conjunto un 7,2%, la mitad que en el mismo mes del año pasado.
La menor actividad económica se está acusando, especialmente, en el IVA: su recaudación cayó el 16,9% el primer mes del año. Y los ingresos de las autonomías están teniendo que acostumbrarse a caídas cercanas al 20% del dinero procedente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
De hecho, el aumento de las expectativas de multas coincide con un incremento de la intensidad perseguidora del fraude de la Agencia Tributaria que promete convertirse, igualmente en un motivo de aumento de la recaudación. Para ello, Hacienda ha comunicado a los distintos equipos y unidades de la Inspección sus objetivos en 2008 en la persecución del fraude fiscal.
Y ha incluido, dentro de este avance, la recuperación del viejo sistema, tumbado actualmente por los tribunales, de pago de un bonus a los inspectores en proporción directa al descubrimiento de un determinado volumen de fraude en cada tipo de contribuyente. Los inspectores y subinspectores han constatado, además, un apreciable aumento de las actuaciones que deben realizar para cobrar esos bonus, que representan cerca del 15% de sus retribuciones salariales totales.
Según sus cálculos, los objetivos para este año se han incrementado más de un 15% y los documentos a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN –ver este diario del 6 de marzo– parecen avalar el endurecimiento de la labor antifraude.
Esos bonus, por otra parte, conceden el pago por productividad máximo a los inspectores cuando cumplen con la estimación realizada a priori por la Agencia Tributaria del fraude que puede ser razonable encontrar en un contribuyente que sea empresa de la construcción, profesional liberal, en un supermercado o cualquier otro prototipo de contribuyente. Si el inspector no encuentra la cifra prefijada, no cobra la totalidad de la paga por productividad.
Y hace peligrar su obligación de cerrar el ejercicio en superávit para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Los ejemplos no son aislados. Más bien al contrario: abarcan desde la capital más próspera de España hasta algunos municipios menos desarrollados. Así, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid la recaudación subirá un 50%, con 1.500 sanciones más al día. El porcentaje de incremento es aún mayor en territorios como Zaragoza (118%), Extremadura (140%), Marbella (98%) o Zamora (51%) o en municipios menos poblados como Elda (122%) o Cartagena (48%), según sus propias previsiones oficiales.
Al tiempo, en pequeños ayuntamientos, el menor incremento de las sanciones de circulación se compensa con mayores alzas de penalizaciones de otro estilo: en Lebrija, por ejemplo, las multas de circulación suben sólo un 12%, pero las multas urbanísticas escalan un 38%. No es algo exclusivo de municipios modestos: ayuntamientos más grandes, como Valencia, también diversifican su repertorio de multas: la liquidación y recaudación de las sanciones de tráfico crece un 159% y las administrativas y tributarias, un 143% y un 32%, respectivamente.
Otros aumentos menores, como el de Gran Canaria, donde las sanciones suben un 10%, no impide que las multas sean ya la cuarta fuente de ingresos autonómicos. Y todo ello en un contexto en el que, en conjunto, la Dirección General de Tráfico prevé unos ingresos por multas de 360,64 millones, lo que supone un incremento del 12%, y una cifra que ayudará a que, por primera vez, el presupuesto de la DGT supere los 1.000 millones de euros.
La ampliación de los objetivos de recaudación por multas de tráfico o circulación coincide en un contexto en el que los ingresos extra por este concepto pueden convertirse en un pequeño balón de oxígeno para las arcas de la Administración. El frenazo del sector inmobiliario y la ralentización del consumo han desencadenado en un claro impacto en el ritmo de algunos de los principales impuestos nacionales y autonómicos. En enero, los ingresos tributarios del Estado crecieron en conjunto un 7,2%, la mitad que en el mismo mes del año pasado.
La menor actividad económica se está acusando, especialmente, en el IVA: su recaudación cayó el 16,9% el primer mes del año. Y los ingresos de las autonomías están teniendo que acostumbrarse a caídas cercanas al 20% del dinero procedente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
De hecho, el aumento de las expectativas de multas coincide con un incremento de la intensidad perseguidora del fraude de la Agencia Tributaria que promete convertirse, igualmente en un motivo de aumento de la recaudación. Para ello, Hacienda ha comunicado a los distintos equipos y unidades de la Inspección sus objetivos en 2008 en la persecución del fraude fiscal.
Y ha incluido, dentro de este avance, la recuperación del viejo sistema, tumbado actualmente por los tribunales, de pago de un bonus a los inspectores en proporción directa al descubrimiento de un determinado volumen de fraude en cada tipo de contribuyente. Los inspectores y subinspectores han constatado, además, un apreciable aumento de las actuaciones que deben realizar para cobrar esos bonus, que representan cerca del 15% de sus retribuciones salariales totales.
Según sus cálculos, los objetivos para este año se han incrementado más de un 15% y los documentos a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN –ver este diario del 6 de marzo– parecen avalar el endurecimiento de la labor antifraude.
Esos bonus, por otra parte, conceden el pago por productividad máximo a los inspectores cuando cumplen con la estimación realizada a priori por la Agencia Tributaria del fraude que puede ser razonable encontrar en un contribuyente que sea empresa de la construcción, profesional liberal, en un supermercado o cualquier otro prototipo de contribuyente. Si el inspector no encuentra la cifra prefijada, no cobra la totalidad de la paga por productividad.
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